El Cáncer del Estado

EL CANCER DEL ESTADO

La corrupción, a pesar de ser un fenómeno común a nivel global, en Colombia ha tenido una influencia muy alta que ha permeado en todos los sectores tanto privados como públicos, a la corrupción que se da en este último sector podemos denominarla administrativa o estatal, que básicamente se da por servidores públicos en ejercicio de sus funciones o al momento de contratar con el Estado.

Si bien es un tema que ha querido ser erradicado a nivel internacional por organismos como la OCDE, la OEA, las Naciones Unidas y Transparencia Internacional hay intereses políticos que no permiten que los países desarrollen herramientas lo suficientemente fuertes para combatir la corrupción, como lo es habitual en Colombia: una de las naciones con más percepción de corrupción administrativa en el mundo.

Hace poco escuché que en las noticias decían que la corrupción era el “nuevo cáncer” del país, haciendo referencia a que ya no es la violencia, una de las grandes causas de todos los males del país y que para la fecha se había llevado toda la atención del Gobierno, es una de las razones por las cuales la corrupción no había querido ser combatida de manera eficiente por los altos dirigentes del país ya que las circunstancias de conflicto interno permanentes desde los años 30 han sido la mayor preocupación del Estado dejando así de intervenir en asuntos que debían estar plenamente controlados por la legislación vigente, pero esto no significa que sea un nuevo fenómeno, ya que en gran cantidad de departamentos, municipios y demás regiones de la nación han llegado personas que en función de sus cargos administrativos han abusado del poder que se las ha entregado para manejar los recursos públicos y eso ha pasado reiteradamente desde hace décadas, la diferencia es que mediáticamente no se nos había presentado como se está viendo actualmente ya que los noticieros, periódicos y programas radiales centraban toda su atención en el conflicto interno y la barbarie que hemos vivido como país durante más de 60 años.

El concepto de corrupción atañe a algo que ya he dicho anteriormente, el uso indebido del poder que se la da a personas mediante un empleo que normalmente es en función del Estado y por esto buscan obtener beneficios personales o para terceras personas yendo en contra de la ley, de los principios, de los valores y de la moral.

Pero además de la violencia, hay innumerables causas que han disparado el fenómeno de la 

corrupción en Colombia, entre ellas está la debilidad de los sistemas tanto de aplicación como de control y supervisión de las leyes ya que aparte de que hay muy poca materia legislativa que regule la corrupción, al tiempo las que hay no han sabido ser aplicadas y eso ha generado que los habitantes pierdan la credibilidad en el Estado y peor, que vean que es ineficaz.

Respecto a esto, también ha crecido mucho la aceptación de la corrupción por parte de las personas, es decir, la sociedad ha llegado a un alto grado de tolerancia social que permite prácticas corruptas, se familiarizan con ellas y en varios casos, tratan de hacer parte de esto ya que ven que las ganancias son altas en comparación con los riesgos y acostumbrados a salarios tan bajos recurren a este tipo de prácticas ya sea por falta de integridad, por necesidad o porque ven que es relativamente fácil hacerlo y difícil detectar.

Todas estas causas nos llevan no solo a una sociedad corrupta y sin integridad sino que en términos generales, repercute en la imagen internacional del país desalentando la inversión nacional y extranjera por ver que el Estado colombiano permite y no castiga de manera eficaz a los corruptos.

Además, como nombran en Tipologías de Corrupción, libro del año 2015 hecho por la UNODC y la Alcaldía Mayor de Bogotá en cabeza de Gustavo Petro: favorece el lavado de activos, reduce la efectividad de las políticas de lucha contra la pobreza, aumenta el costo de los servicios públicos y disminuye su calidad, perpetúa las desigualdades económicas y sociales, socava el estado de derecho y debilita la igualdad de acceso a la justicia, desestimula la participación ciudadana, socava el Goce 

Efectivo de los Derechos Humanos, debilita los valores fundamentales en la sociedad y propicia escenarios de conflicto y guerra y muchas más consecuencias que llevan a que nosotros, como colombianos tengamos cada día menos oportunidades de desarrollo, de crecimiento, de pleno goce de nuestros derechos garantizados por la Constitución Política y siga creciendo la brecha de desigualdad.

De todas estas consecuencias, a nivel personal pienso que la desigualdad es la reina de todas. La corrupción administrativa va en contra de todo lo que propone un Estado social de Derecho como lo es Colombia y por lo tanto le quita al Estado recursos que deben ser utilizados para todos los habitantes sin discriminación, pero lastimosamente son recursos que terminan siendo utilizados para unos pocos, dineros que se desvían a particulares y privados que con ansias de poder y de ambición no piensan de manera colectiva y ayudan a incrementar la brecha de desigualdad que de por sí ya es bastante alta en nuestro país y día a día permite a los ricos ser más ricos y a los pobres ser más pobres.

Con base en lo anterior, podemos ejemplificar esto con situaciones que últimamente nos causan impresión por su dureza contra la persona del común: la reforma tributaria, que nos pega a los colombianos con más y más impuestos que al fin y al cabo son utilizados para tapar los huecos financieros que dejaron los grandes desfalcadores y malversadores de dineros pertenecientes a la nación; el aumento del salario mínimo, que hoy en día devengan más de 2 millones de colombianos y a decir verdad, no alcanza para vivir de manera digna y mantener a las familias que se sostienen con este salario mínimo.

Y no solo esto, sino los múltiples casos de corrupción que no solo le quitan los recursos que deberían ser utilizados en pro de la garantización de derechos fundamentales como la salud, la educación o el trabajo sino que afectan de manera directa los fines esenciales del Estado, frenando el desarrollo económico y de manera sucesiva aumenta el desempleo, disminuye el salario mínimo, aumenta la desigualdad, disminuye el acceso a la educación, aumentan los impuestos, disminuye la administración de justicia, y así se puede seguir con una lista que de forma general va a tener todos los derechos, principios y fines del Estado garantizados por la Constitución y que son vulnerados en su máxima expresión por personas que ostentan el cargo de servidores públicos, personas que son elegidos “democráticamente” por nosotros, personas que deben cumplir con la recta administración de los recursos de la nación y de manera inmoral solo buscan su beneficio sin importar que los niños no reciban el refrigerio que por ley les corresponde, sin importar que las personas no accedan al plan obligatorio de salud o que no se le den los medicamentos que necesitan, etc.

En general, la mayoría de causas y consecuencias que he nombrado a lo largo del trabajo corresponden a hechos que ya hemos visto que ocurren dentro del diario vivir de nuestra nación, por lo tanto, ya no es extraño que veamos Gobernadores que se roban la plata que debía ser invertida en educación, Fórmulas presidenciales que financian sus campañas con recurso del estado o con empresas internacionales que les son aseguradas contrataciones, policías que a diario cometen delitos de cohecho, testigos sobornados, falsos testimonios, enriquecimiento ilícito de empresarios, sobornos y otros delitos que están ligados a la corrupción y nos son presentados por los medios de la manera más casual posible porque están polarizados y sesgados, en gran mayoría financiados por organizaciones corruptas y que ayudan a la tarea de ocultar las prácticas de compañías internacionales, de funcionarios del estado o de políticos de su confianza.

La magnitud de este fenómeno es en su mayoría económica, ya que le cuesta al país quien sabe cuántos billones de pesos anuales, dinero que bien puede ser invertido en mejorar la infraestructura del país, hacer mejores vías, hacer más viviendas de interés social, más colegios, universidades, pagar mejores profesionales, entre otros, ya que si se hace el ejercicio del dinero que se ha ido a manos indebidas suman demasiados ceros, tal vez incontables, con los cuales se podrían evitar reformas tributarias, tener en mejores condiciones económicas a las personas de menos recursos, garantizar un verdadero acceso a una salud y educación de calidad e innumerables beneficios que al país le podría ayudar a un verdadero desarrollo y la salida de la pobreza que caracteriza a Colombia.

A nivel personal, debo nombrar tres casos de corrupción que afectaron el derecho tal vez más vulnerado en nuestro país y que de manera indignante, ha afectado a millones de personas y al día de hoy siguen rebajando a las personas a condiciones que no deberían ser aceptadas en un Estado Social de Derecho.

No es nada nuevo el hecho de decir que el modelo de salud en Colombia está viciado de la corrupción y la ineficiencia, entre sus razones porque funcionarios del Ministerio de Salud y de Protección Social, del Fondo de Solidaridad y Garantías (FOSYG) y de la Superintendencia Nacional de Salud han creado empresas fachadas para desviar los fondos que en su principio deben ir para la salud. En gran parte porque la privatización de la Salud ha provocado que todos estos recursos se vayan por las redes de la corrupción mientras que las personas siguen muriendo en los hospitales por falta de atención médica.

A la fecha, han habido múltiples casos de entidades del sector salud que tienen que ser intervenidas por casos de corrupción, pero unos de los casos más sonados fueron los de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) Caprecom y Saludcoop y los casos de los Instituto prestadores de salud (IPS) que no estaban habilitadas para la prestación de este servicio, entre ellas suman más de $2 billones de pesos sin contar los $38 billones por año que se pierden por servidores de entidades adscritas al Ministerio de Salud

En el 2012 Juan Gossaín hizo un reporte para El tiempo en el cual hace un repaso de este tipo de casos que llevan al sistema de salud a algo indignante, casos de personas desesperadas por asistencia médica en las EPS que están afiliadas, entre ellas las que ya habíamos nombrado, casos en que los tratamientos fueron dilatados o ni siquiera le daban a sus afiliados citas médicas. 60.000 casos parecidos se presentaron en solo seis meses a nivel nacional por el fenómeno principal tema de este trabajo: la corrupción.

No solo los afiliados se han visto afectados sino que también los médicos y todo el personal administrativo que no se ven inmersos en malversación de fondos y después de tantos años con este sistema de salud se siguen presentando casos de este talante, que al igual que con la infraestructura, la educación, la agricultura o los servicios públicos la realidad de los colombianos se vuelve trágica.

Es necesario que los derechos fundamentales dejen de privatizarse, hoy en día Colombia deja que los recursos de la Nación sean manejados por particulares y como es natural, esto solo genera oportunidades para los corruptos y esto solo se puede mejorar a través de una nueva y más fortalecida institucionalidad, que busque la verdadera garantización de los derechos, a través de entidades públicas que se encarguen de hacer llegar a todos los colombianos el acceso a una educación gratuita y de calidad así como un régimen de salud que sea único, universal y para todos y como dice Juan Gossaín: “que no excluya a nadie de ningún servicio en ningún hospital ni clínica. Que un solo carné sirva para que la gente no se muera en la puerta esperando que la atiendan.”

Es urgente, además que los empleados reciban una remuneración digna y adecuada por su trabajo, que los jueces tengan el criterio para castigar a los culpables de las deficiencias en la administración de los recursos ya que los afectados son en su mayoría los ciudadanos de a pie y que el Gobierno desde su equilibrio de poderes y su “recta” administración de justicia propongan medidas que erradiquen todas las prácticas relacionadas con la corrupción, el lavado de activos, el peculado, el prevaricato, el cohecho, los conflictos de intereses y demás prácticas que a medida que pasan los días siguen quitándole la posibilidad a los colombianos de vivir dignamente