Corrupción, Drogadicción Y Narcotráfico: Un Círculo Vicioso

Corrupción, Drogadicción Y Narcotráfico: Un Círculo Vicioso

     "No puede haber democracia sin lucha contra la corrupción, porque la corrupción no es solamente un delito, es un sistema de poder alternativo al sistema democrático de poder” Leoluca Orlando

Para empezar, Transparencia Internacional ha definido a la corrupción como "el abuso de posiciones de poder o de confianza, para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones" que si bien es un tema que ha querido ser erradicado a nivel internacional por organismos como la OCDE, la OEA o las Naciones Unidas hay intereses políticos que no permiten que los países desarrollen herramientas lo suficientemente fuertes para combatir la corrupción, como lo es habitual en Colombia, un país en el que la corrupción ha permeado en todos los sectores del Estado.    

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Un problema de vital importancia en Colombia es que la sociedad ha llegado a un alto grado de tolerancia social que permite prácticas corruptas favoreciendo que las personas se familiaricen con ellas y en ocasiones también traten de hacer parte ya que ven que las ganancias son altas y acostumbrados a salarios tan bajos recurren a este tipo de prácticas ya sea por falta de integridad, por necesidad o porque ven que es fácil hacerlo, caso recurrente en personas que ven al narcotráfico como una forma rápida de ganar dinero sin pensar en el riesgo que tiene esto a nivel legal y social ya que además siguen promoviendo en las personas, entre ellos muchos menores de edad, el consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas que les permiten evadir la realidad de una sociedad injusta, con pocas oportunidades y que día a día les muestra que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.

     

En particular, es importante seguir recalcando la relación que la corrupción ha tenido con la drogadicción ya que su conexidad con el narcotráfico es una causa añadida al fenómeno que más protagonismo tiene en la actualidad por su impacto en la sociedad demostrando que de manera indirecta debilita la democracia e impide que sean cumplidos a cabalidad los principios y objetivos del Estado Social de Derecho garantizados desde la Constitución Política de 1991 puesto que en la medida en que se fomenta la corrupción los recursos que deberían destinarse para la garantización de los derechos fundamentales de los ciudadanos es desviada a manos de unas pocas personas que en la mayoría de las ocasiones son servidores públicos y a causa de esto se aumentan en el país los costos de administración de bienes y servicios públicos y privados; se debilita el respeto por la las autoridades; se incrementa la falta de confianza en las instituciones y todo esto contribuye a deslegitimar al Estado.

    

En ese sentido es relevante señalar también la vinculación que existe entre la corrupción y las organizaciones criminales o mafiosas que cometen actividades delictivas como método de financiación y que varios sectores, entre ellos políticos, han resultado comprometidos en todas estas prácticas evidenciándose que efectivamente hay una conexidad entre la corrupción, la violencia, el narcotráfico y la drogadicción.

     

Por estas razones, la definición convencional de corrupción ha tenido que ser transformada considerando que ya no es vista solo en delitos como sobornos, cohecho, adjudicación indebida de contratos, clientelismo o el desvío de recursos públicos sino que se debe ampliar su concepto abordándola como una “práctica funcional en la organización económica, política y social existente que se manifiesta bajo una lógica de interacción de agentes para la satisfacción de intereses de grupos poderosos legales e ilegales al margen del mercado y en veces de la institucionalidad, en detrimento de intereses y propósitos de la colectividad (Ungar, 2010)

     

Teniendo en cuenta lo anterior, se comprende que la corrupción se alimenta de ciertas condiciones que han disparado los frecuentes casos de corrupción a nivel global y entre ellos está la debilidad de las leyes en cuanto a su aplicación, control y supervisión, añadiendo a esto el hecho de que existen vacíos legislativos que permiten a los corruptos defraudar el erario público poniendo en riesgo los recursos que el Estado utiliza para satisfacer las necesidades de los habitantes.

         

Todo esto ha llevado al mundo a convertirse en una sociedad corrupta, con falta de integridad y que de manera repetitiva promueve la impunidad y además como se nombra en Tipologías de Corrupción:

“favorece el lavado de activos, perpetúa los niveles de pobreza, aumenta el costo de los servicios públicos y disminuye su calidad, socava el estado social de derecho,  debilita la igualdad de acceso a la justicia, desestimula la participación ciudadana, socava el goce efectivo de los Derechos Humanos, debilita los valores fundamentales en la sociedad y propicia escenarios de conflicto y guerra” –Petro (2015, p. 16)

Como estas también hay muchas más consecuencias económicas y sociales que pueden seguir siendo nombradas y llevan a que los colombianos y ciudadanos a nivel global que habitan en países donde también existen altos índices de corrupción tengan cada día menos oportunidades de desarrollo y siga creciendo la brecha de desigualdad debilitando de esta manera la democracia, estimulando las malas prácticas en la política y deslegitimando la imagen de las instituciones del país, fomentando en los ciudadanos la idea de que el Estado es ineficaz y débil frente a los corruptos.

    

Y es que no es una novedad el hecho de que la política y la corrupción están íntimamente ligados, por eso la sociedad colombiana después de tantos años de violencia y corrupción ya no creen en los políticos, por esto la abstención al momento del sufragio, la falta de participación, los pocos movimientos sociales. Ya que las personas que son “democráticamente” elegidas y que se supone que deben cumplir con la recta administración de los recursos de la nación, solo buscan su beneficio sin importar que se vean vulnerados los derechos de los niños, de los ancianos y del resto de ciudadanos que aspiran acceder a un sistema de educación, de salud o un trabajo digno y no lo puedan hacer de manera efectiva.

     

Por el momento, la magnitud de este fenómeno es en su mayoría económica, ya que según estudios publicados en El Heraldo “esta práctica ilegal le ha costado a Colombia en las dos últimas décadas unos 189 billones de pesos” (HERALDO, 2015) lo que representa el 4% del PIB nacional que bien puede ser invertido en mejorar la infraestructura del país, hacer mejores vías, hacer más viviendas de interés social, más colegios, universidades, pagar mejores profesionales, etc.

     

Pero además de esto, el impacto que tiene en el fortalecimiento de la democracia es muy grave, siendo un sistema que alternativo a la democracia busca utilizar el poder y la riqueza como forma de mantener al Estado, debilitando todas las instituciones, vulnerando los derechos fundamentales y llevando al país con sus habitantes a condiciones de vida indignas, injustas, inequitativas y que solo se podrán mejorar contribuyendo a la corrupción.

Hemos visto entonces que la corrupción está relacionado con causas de orden ético, social, político y administrativo y al tiempo las personas que están involucradas en casos de corrupción acuden al narcotráfico e involucra a todas las ramas del poder público y a los distintos niveles de gobierno, así como al sector privado y organizaciones no gubernamentales en el esfuerzo común de combatir la corrupción.  Una política pública de lucha contra la corrupción debe contemplar medidas de prevención, investigación y sanción, y propender por la integración y coordinación de todos los entes responsables de su aplicación.  Y ajustarse al pleno cumplimiento de las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción

Es necesario que los derechos fundamentales dejen de privatizarse, hoy en día Colombia deja que los recursos de la Nación sean manejados por particulares y como es natural, esto solo genera oportunidades para los corruptos y esto solo se puede mejorar a través de una nueva y más fortalecida institucionalidad, que busque la verdadera garantización de los derechos, a través de entidades públicas que se encarguen de hacer llegar a todos los colombianos el acceso a una educación gratuita y de calidad así como un régimen de salud que sea único, universal y para todos.

Es urgente, además que los empleados reciban una remuneración digna y adecuada por su trabajo, que los jueces tengan el criterio para castigar a los culpables de las deficiencias en la administración de los recursos ya que los afectados son en su mayoría los ciudadanos de a pie y que el Gobierno desde su equilibrio de poderes y su “recta” administración de justicia propongan medidas que erradiquen todas las prácticas relacionadas con la corrupción, el lavado de activos, el peculado, el prevaricato, el cohecho, los conflictos de intereses y demás prácticas que a medida que pasan los días siguen quitándole la posibilidad a los colombianos de vivir dignamente

Colombia tiene un buen desarrollo normativo en materia de lucha contra la corrupción. Sin embargo, la gran deuda es el cumplimiento formal y sustantivo de la norma, sumado a una gestión responsable de la contratación estatal, con el fortalecimiento de la institucionalidad local y departamental. 

Pero más allá de las normas, una efectiva Política Integral de Lucha contra la Corrupción no es concebible si no contempla un fuerte componente de educación y de participación  ciudadana.  Y sobre todo, si no entendemos que todos somos, por acción o por omisión,  corresponsables de la corrupción: el sector público, el sector privado, los medios de comunicación y la ciudadanía.