Movimientos Sociales en Colombia
El
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado conformado por más de 230
organizaciones defensoras de derechos humanos, radicó el día de ayer un derecho
de petición, ante la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en la
que le solicitan la rectificación pública de la información emitida el pasado 7
de marzo.
En
dicho comunicado la Comisión dio a conocer como nuevos representantes, a
Patricia Helena Perdomo Gonzáles de la Fundación País Libre, y al señor Régulo
Madero Fernández, de la Corporación Nación, aduciendo que contaban con el
respaldo de varias organizaciones de víctimas, la mayoría de las cuales hacen
parte del Movimiento.
Igualmente
le solicitan dar a la rectificación, la misma difusión que el mencionado
comunicado, toda vez que dicha información no se ajusta a la verdad, máxime si
se tiene en cuenta que el Movimiento de Víctimas ha cuestionado públicamente no
solo la ley 975 de 2005, sino la creación de la Comisión Nacional de Reparación
y Reconciliación, entre otras razones porque no es imparcial ni independiente.
Del
movimiento hacemos parte mujeres y hombres, comunidades de diverso origen
étnico, cultural y generacional, organizaciones sociales, sindicales y
políticas que hemos vivido el impacto de la violencia generada por el estado
colombiano, a través de violaciones masivas y sistemáticas de nuestros derechos
individuales y colectivos, políticos, económicos, sociales, culturales.
Colombia
Presentó una característica singular que la diferenció de otras latitudes: se
trataba de la implementación de la “guerra sucia” como estrategia de terror de
Estado, cuyo asidero mayor fue la doctrina de “seguridad nacional” del
Presidente Julio César Turbay Ayala. Paradoja, pues se trataba de una represión
prolongada y efectiva. Al no ser dictadura abierta no puede ser período y al
ser “guerra sucia” puede prolongarse en el tiempo.
De
ahí que diversas organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales,
campesinas, comunitarias, eclesiales, culturales, etcétera, a mediados de la
década de los 90 en Colombia, el Proyecto se inició, pues, en el contexto de
una política intensiva de perpetración de crímenes de lesa humanidad. Ha tenido
que afrontar enormes dificultades, muchas de ellas inherentes a dicha
situación, como la eliminación, el exilio o la inmovilización de personas y
organizaciones que se había creído que podrían hacer grandes aportes al
proyecto; la persecución a los mismos centros de almacenamiento de datos, como
el allanamiento a la sede de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz,
donde funcionaba el Proyecto, el 13 de mayo de 1998, agresión perpetrada por la
acción conjunta de la Fiscalía y de las Fuerzas Armadas; las dificultades de
acceso a muchas regiones dominadas por el terror; el miedo y la parálisis de
muchos testigos potenciales,
entre otras dificultades
Colombia
Nunca Más es un proceso iniciado por varias organizaciones sociales y de
derechos humanos, convocado a nivel nacional y realizado por numerosas
organizaciones sindicales, campesinas, comunitarias, eclesiales, culturales,
etc., de carácter local, regional y nacional, que se fueron articulando a
través de los equipos de trabajo que en diferentes regiones fueron conformados.
Durante este tiempo hemos documentado información de más de 41.000 víctimas de
torturas, desaparición forzada y/o ejecución extrajudicial en todo el país.
La
idea del Proyecto Colombia Nunca Más surge en la etapa final de la campaña
denominada “Colombia Derechos Humanos Ya” que realizaron numerosas
organizaciones sociales y de Derechos Humanos no Gubernamentales a mediados de
los años 90. Estas pretendían hacer una denuncia nacional e internacional de
las múltiples y graves violaciones a los más elementales derechos y de la total
impunidad en que se encontraban por la sistemática conducta del Estado a no
hacer justicia, aun siendo el mayor agente responsable.
En
el marco de la mencionada campaña se realizaron algunas actividades conducentes
a conocer las distintas experiencias de lucha contra la impunidad que se
estaban impulsando en ese momento. También hubo un acercamiento a lo que fueron
las distintas Comisiones de la Verdad implementadas en Sur y Centro América.
Este acercamiento a llevó la conclusión de que habían sido mecanismos
ineficaces en la lucha por la superación de la Impunidad.
Para
ese mismo tiempo en el país se estaban presentando algunas circunstancias que
hacían presumir alguna posibilidad de convocatoria a una eventual comisión de
Verdad para el caso colombiano. En tal sentido, a las organizaciones sociales
les asistían preocupaciones tales como la necesidad de hacer una documentación
exhaustiva de los casos de Crímenes de Lesa Humanidad, las condiciones creadas
desde las instancias del Estado para que no fuera posible la realización de
investigaciones sobre estos crímenes y la posible negociación con los grupos
insurgentes del conflicto político militar que vive el país.
Los
organismos de derechos humanos valoraban que de ser convocada una Comisión de
Verdad, sería imposible que lograra resultados conducentes a la disminución de
la impunidad, al castigo a los victimarios de lesa humanidad. Por eso, después
de un año de discusiones, diez organizaciones de derechos humanos, decidieron
dar inicio a lo que hoy se conoce como el proyecto Colombia Nunca Más.
El
proyecto Colombia Nunca Más terminó siendo una iniciativa de 17 organizaciones
no gubernamentales de derechos humanos y sociales, en búsqueda de recuperar la
memoria de las víctimas de la última etapa de violencia política en nuestro
país.
Este
movimiento tiene como objetivo principal consolidar un movimiento nacional para
desarrollar estrategias para denunciar y erradicar los fenómenos de la
violencia en Colombia perpetrados por los grupos armados y el mismo estado,
creando alianzas con las víctimas de este tipo de terrorismo que no es más que
la consecuencia del desarrollo de políticas estatales encaminadas a acabar con
ciertos fenómenos comunistas alrededor del mundo, militarizando la vida civil.
Contribuir
a una solución pacífica al conflicto armado desatado por una profunda situación
de irresponsabilidad estatal con un país con muchos problemas de inequidad
social, para de esta manera resarcir en parte el daño sufrido al pueblo
colombiano por medio de acuerdos humanitarios.
Reivindicar
a las víctimas del terrorismo de los grupos armados y del estado exigiendo los
derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición
El
movimiento parte de la concepción ideológica de que buena parte de los crímenes
contra el movimiento social y popular están fuertemente ligados a los intereses
de clases dominantes y empresas transnacionales, de responsabilidad estatal por
acción paramilitar u omisión cuando las guerrillas invadían alguna zona y por
esta razón es el estado quien tiene la obligación de resarcir a las víctimas,
familiares, organizaciones a las que pertenecen y en conjunto a la sociedad
colombiana garantizando el derecho a la verdad, justicia y la garantía de la no
repetición.
El
movimiento de víctimas de crímenes de estado no niega la existencia de otras
víctimas e insta a organizarse en movimientos para establecer alianzas como se
ha hecho con distintos sectores sociales para exigir participación en el diseño
de leyes contra la impunidad y el compromiso constitucional del estado
apostando por la dignificación de las victimas e impedir que el estado siga con
la vergüenza de ayudar a los victimarios hasta los más oscuros límites.
El
movimiento de las víctimas a nivel nacional asociado entre víctimas de crímenes
de estado y otros sienta sus bases conceptuales en:
- Luchar y desacatar las disposiciones de impunidad de perdón y olvido
- Ajustar propuestas de verdad, justicia, reparación y no repetición mediante la memoria
- Base jurídica para solicitud al presidente de no firmar alguna ley que propicie la impunidad y para petición al fiscal y a los jueces especiales para declarar la inconstitucionalidad de la ley
- Elaboración de estrategias de comunicación nacional e internacional contra el conflicto
- Movilización, visibilización y crecimiento del movimiento mediante la academia y el impulso a la sociedad colombiana
- Recuperación de la memoria histórica colombiana mediante el uso de galerías
Los
métodos del movimiento se cimientan sobre algunas estrategias como:
- Estrategia jurídica para que se persiga a los autores criminales inmediatos y a los intelectuales
- Estrategia para la verdad y la memoria histórica de Colombia para nunca repetirla
- Estrategia para de la Comisión de Ética que busca acabar con la impunidad apalancada desde el estado y permitida por los colombianos
- Estrategia para la no repetición mediante la prohibición legal del paramilitarismo en cualquiera de sus formas disfrazadas
- Estrategia para la reparación de las victimas mediante el uso de la verdad y el esclarecimiento de responsabilidades
- Estrategia de lucha contra la desaparición forzada mediante la verdad para la ubicación y exhumación de las fosas comunes y el derecho a enterrar.
- Estrategia de lucha contra el genocidio político buscando la llamada verdad, justicia y reparación para las víctimas y los sobrevivientes de la Unión Patriótica y el exterminio masivo de gremios comunistas y de victimas a lo largo de la historia en todo el territorio nacional
- Estrategia de organización la cual busca el fortalecimiento del Movimiento de Víctimas a niveles más grandes para alcanzar sus objetivos.
A
raíz de la narco guerra de los años 80, el fortalecimiento del paramilitarismo
durante los 90 y la guerra sucia instaurada por el estado para acabar con la
guerrilla a mediados de los años 90 y comienzos de la década del 2.000 se fue
fomentando un fenómeno consecuencia de todo este flagelo en Colombia el cual
dio como origen al movimiento de las víctimas en Colombia el cual se dio
gracias al apoyo de 17 organizaciones que dieron inicio al Proyecto Colombia
Nunca Más y fueron:
“Asociación
de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Colombia –ASFADDES-, Colectivo de
Abogados “José Alvear Restrepo", Comisión Intercongregacional de Justicia
y Paz, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –CSPP-, Comité
Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos –CPDH-, Comisión
Interfranciscana de Justicia, Paz y Reverencia con la Creación, Corporación
Sembrar, Comité Regional de Derechos Humanos de Santander –CREDHOS-, Fundación
Reiniciar, Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad –CODEHSEL-,
Corporación Jurídica Libertad, Comunidades Eclesiales de Base y Grupos Cristianos
de Colombia –CEBS-, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Fundación Manuel
Cepeda, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción
–ANUC UR-, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria –ANDAS- y la Comunidad de los
Misioneros Claretianos de Colombia”
Con
el pasar del tiempo se ha dado paso a sentar las bases políticas del movimiento
de esta manera:
- El respaldo de iniciativas de diálogos de paz entre las FARC-EP y el gobierno nacional para buscar una salida política al conflicto.
- El respaldo de una mesa única de conversaciones con el ELN también para dar fin a la actual confrontación
- En los últimos 50 años de violencia el movimiento de víctimas, social y de derechos humanos MOVICE dice; “se han documentado más de 100.000 ejecuciones extrajudiciales, 10.000 torturas y cerca de 6 millones de personas desplazadas. De acuerdo a las cifras de la Fiscalía existen 62.000 desaparecidos. La responsabilidad de estos crímenes es adjudicada en un alto porcentaje a miembros de la fuerza pública y/o a la política de guerra sucia adelantada por el establecimiento. Por esta razón, reiteramos que cualquier iniciativa que pretenda la paz estable y duradera, debe contar con la participación plena de las víctimas de crímenes de Estado”.
- No estarán de acuerdo con la impunidad propiciada por el estado en un proceso de paz ya que esto deslegitima al mismo al abandonar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición
- Hacen un llamado al “cese bilateral de hostilidades", que implica la suspensión del enfrentamiento militar entre las partes.
- Se muestran preocupados ante el incremento de las agresiones contra las víctimas y los movimientos sociales. Ya que es deber constitucional del Estado el de brindar protección y garantías a las víctimas, tanto materiales como políticas, MOVICE dice;” se han visto vulneradas por la poca eficacia de la Unidad Nacional de Protección, que se concretan en: 1) desmonte de las medidas de protección a líderes, dirigentes y activistas sociales, populares y de derechos humanos; 2) nombramiento a más de 600 funcionarios provenientes del extinto y cuestionado, Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); y 3) el escaso avance de las investigaciones por parte de la Fiscalía y demás organismos, para determinar los responsables de la persecución al movimiento social”.
- El proceso de restitución de tierras, hoy en día se enfrenta a múltiples dificultades de orden político, técnico, normativo e institucional y se teme por el mismo movimiento que al no ser superadas, no sólo impedirán la devolución de hectáreas, sino que profundizará la violencia y la instauración más profunda de las víctimas que solicitan al Estado la garantía y respeto de sus derechos.
- También se hace un llamado para acabar con los presos injustamente encerrados como consecuencia de montajes judiciales hechos por su contribución a la protesta social
- El MOVIMIENTO DE VICTIMAS hace un llamado a movilizarse y aliarse en un solo movimiento social a favor de la paz y la solución negociada al actual conflicto y se invita a la sociedad colombiana a trabajar activamente a favor de los derechos de las víctimas, proponiendo la conformación de una mesa social por la paz para que todos los sectores propongan una solución política para que sean discutidas en la mesa de negociación y llevadas a posibles escenarios de negociación entre las guerrillas de las FARC-EP y el ELN con el estado
Según
Orlando Fals Borda "Éste es el momento de reorganizarnos y actuar en el
espacio político propio que debe llevarnos a una opción de poder", eso es
lo que busca cualquier movimiento social, y por lo tanto, también el movimiento
nacional de víctimas de crímenes de estado MOVICE que desde junio de 2005 se
encarga de la exigibilidad, organización y movilización de las víctimas de
crímenes de Estado y organizaciones de víctimas que a través de elementos como
las organizaciones de sobrevivientes de crímenes de estado, familiares de
víctimas, organizaciones sociales, políticas y jurídicas que han sido
victimizadas, luchan en contra de la impunidad, buscando la verdad histórica,
la justicia y la reparación integral.
Para
Mauricio Archila, los movimientos sociales se deben entender como aquellas
acciones sociales colectivas más o menos permanentes, orientadas a enfrentar
injusticias, desigualdades o exclusiones, y que tienden a ser propositivas en contextos
históricos específicos. Así, el papel de MOVICE se ha enfocado a esto a través
de mecanismos que están enfocados a la recuperación de la memoria, acciones
jurídicas, Incidencia política, Movilización, visibilización y crecimiento del
movimiento para cumplir con un papel proactivo en la construcción de una
sociedad democrática ya que amplían su base y constituyen una expresión
organizada de la sociedad civil, como bien lo afirma Archila en el libro
Movimientos Sociales, Estado y Democracia; pero como cita Edwin Cruz a Lefort,
en una sociedad democrática la lucha política tiene como objetivo dotar de
significado la democracia o llenar temporalmente el espacio vacío del poder, es
donde cualquier movimiento se justifica en base a que, si bien ellos no son en
sentido estricto democráticos, contribuyen a la democratización de la sociedad
y el sistema político, gracias a esto y siguiendo con la concepción de Archila,
este movimiento social el Estado lo mira de forma distinta, ya que no hay total
enemistad, sino que incluso se plantean
relaciones complementarias, lo que no quiere decir que se suprima el conflicto
que muchas veces se focaliza contra el manejo que hace el ejecutivo de las
políticas sociales.
En
este orden de ideas, las estrategias que tiene MOVICE a favor del Estado son en
contra del genocidio político, la desaparición forzada, la defensa de tierras y
territorios, de exiliados, el fortalecimiento organizativo y jurídico y la
búsqueda de no repetición, verdad, memoria histórica y no repetición que aspira
también la nación en el presente acuerdo de paz con las FARC.
Se
considera de gran importancia garantizar el acceso del movimiento social, los
partidos de oposición y población civil a los procesos de construcción de paz.
Los entes de derecho y justicia deben propiciar responder a las exigencias de
verdad, justicia y reparación por parte de las víctimas de crímenes de Estado y
de esta manera, contribuir a la construcción de una cultura de paz.
El
conocido filósofo y sociólogo francés, Daniel Pécaut, Profesor investigador de
la Escuela de Altos Estudios Sociales (Paris) y
a quien Colombia le confirió la ciudadanía en 2007, realizo un estudio
frente a la violencia en Colombia, de lo cual podemos resaltar y relacionar con
nuestro análisis lo siguiente: según la investigación realizada por el profesor
Pécate en su tesis sobre la violencia en Colombia en el Centro de Memoria, Paz
y Reconciliación, la violencia y la lucha armada se han mantenido para
conservar las estructuras obsoletas del país y no han contribuido a cambiar la
desigualdades pues en las construcciones de paz, los entes del estado no dan el
lugar primario que merece la población civil y en especial las víctimas de la
violencia.
Para
este reconocido historiador, en América latina no hay nada equivalente a lo que
ha sido la violencia en Colombia y añadió que la lucha armada persistente de
los últimos años ha destruido la participación autónoma de los procesos
sociales hacia los cambios que requiere el país.
“Los
procesos de memoria buscan darle la palabra a las víctimas, pero la memoria no
es fácil de definir, se trata de una construcción social que se va elaborando
mientras los historiadores deben interpretar los procesos sociales”, anotó. Pécaut
enfatizó que en Colombia “no se le quiere dar énfasis al problema del
narcotráfico, por eso parece mejor hablar de conflicto armado. Para mí la presencia del
narcotráfico, a partir de los ochenta, cambió todo. Con la corrupción se abrió
paso a la desinstitucionalización del Estado con la ilegalidad permanente”.
A
su vez afirmo que No es un drama reconocido, pues la violencia lleva muchos
años bajo el silencio de grandes sectores del estado que se muestran
indiferentes.
Si
los administradores de justicia y derecho, quieren construir una memoria
colectiva, es importante que el proceso de la habana se realice de manera
incluyente, donde no solo se busque superar las tensiones y conflictos
internos, sino también las políticas de participación ciudadana
Estas
reflexiones analíticas son aportes fundamentales para entender las
complejidades de nuestra historia violenta y la necesidad de formular e
implementar políticas públicas que apunten de manera diferenciada a la
multiplicidad de violencias que hemos sufrido los colombianos de diversos tipos
de actores. Igualmente es un llamado a cuidarse de lecturas simplistas frente a
fenómenos que se caracterizan justamente por su complejidad.
En
el intento de realizar estudios de los actores socialistas hasta el día se ha
dejado pasar mucha información, y ya que los primeros pensamientos se hicieron
en un referente marxista y dependista. Pero de esta manera se intentó dar una
mirada o una concepción más hacia el pueblo y sus movimientos populares. Pero en la actualidad esta investigación social
y cultural empezó a tomar nuevamente fuerza cuando se empezó a hablar sobre la
reconstrucción del tejido social y se abordaron nuevamente políticas sociales y
el estudio de ellas como ciencia.
Los
movimientos sociales contribuyeron a la diversidad que se formó en la cultura
política es decir la política como símbolo de una sociedad, de esta manera
podemos entender estos movimientos como influencia en los valores, la formación
del carácter de cada persona, el sentido común de los individuos que crean cada
sociedad, que a su vez modifican las concepciones que tenemos de la democracia
y la ciudadanía, adicional de otros conceptos que se tienen, es decir que la
aparición y desarrollo de los movimientos sociales han servido como entes
activos de transformación de las relaciones que se tienen con el conocido
sistema político.
La
tendencia y pensamiento marxista sirvió como base para que se formaran grupos
sociales debido a la guerra de clases, de esta manera surgieron varias posturas
sociales, debido a que Marx explicaba como la clase pobre o el proletariado
tenía que conducir el cambio y revelarse contra la clase burguesa que eran los
que tenían el poder en ese momento, de esta manera se combinó una concepción
más esencial donde trataba de exponer o enfocar la clases sociales como nuevos
movimientos políticos y sociales.
El
renacer de la protesta social dio pie a los analistas de este fenómeno para
poder afirmar que había llegado una nueva era de acción social, de este modo
surgieron las movilizaciones de campo y en la ciudad esto debido a que los movimientos
sociales reclamaban un cambio y unas mejoras en todo lo referente a servicios
públicos, de ahí que en la actualidad se tengan este tipo de protestas por que
al pasar del tiempo han servido para neutralizar la sociedad y buscar el
beneficio a cada uno de los individuos que componen la misma.
De
este modo los movimientos sociales son vistos como unas de las principales
fuentes de ampliación de los derechos humanos de cada ciudadano, adicional de
los derechos civiles, políticos y sociales. Es decir estos movimientos sociales
sirvieron como contribución a que cada individuo en medio de una inconformidad
pueda interponer las medidas pertinentes como demandas y de esta manera darles
voz a las personas que no podían expresar la misma.
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